El Estado argentino violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad.

Tras veintiséis años del atentado a la AMIA, años de lucha y de búsqueda de una verdad que aún no llega, finalmente la Comisión Interamericana de Derecho Humanos confirmó aquello que tanto denunciamos los familiares de las víctimas: el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos, por habernos negado nuestro derecho a la justicia y por habernos impedido y continuar impidiéndonos saber qué pasó aquel 18 de julio de 1994.

Esto fue notificado por la CIDH el pasado 25 de septiembre, en el marco de la causa internacional que desde Memoria Activa, con el patrocinio del CELS, iniciamos en 1999 contra un Estado que había sido incapaz de impedir el ataque terrorista, que, tras el hecho, no daba respuesta alguna y que hizo todo lo contrario a investigar seriamente al poner sus instituciones al servicio del encubrimiento y por tanto de la impunidad.

En este sentido, la Comisión afirma que las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación que no tenían sustento y con el abandono de las que sí lo tenían, acciones que en su conjunto alejaron la posibilidad de conocer la verdad.

Con esta vergonzosa actuación, sostiene el informe, el Estado violó el derecho a la vida, a la integridad personal de las víctimas y sus familiares, su derecho a una protección judicial adecuada, y el derecho de la sociedad toda a conocer la verdad. 

Ante esto, queda claro, y así lo sostuvo la Comisión, que más de dos décadas de organización, trabajo, persistencia y reclamo sostenido de los familiares de las víctimas nucleados en Memoria Activa, siempre a contracorriente de los poderes estatales, fue fundamental para que el deliberado desvío y encubrimiento saliera a la luz y muchos de sus responsables fuesen llevados a juicio y, en algunos casos, condenados.

El daño institucional y social causado por la más que probada maquinaria encubridora es enorme y, lamentablemente, no se ha desarmado del todo el entramado de relaciones entre sectores del poder político, los servicios de inteligencia y miembros del poder judicial que impide y resiste que avancen las causas judiciales por las que seguimos reclamando.

Hicieron falta muchos años y muchos escándalos para llegar a este momento. En ese tiempo, quienes eran niños en 1994 y perdieron a su padre o a su madre, se convirtieron en adultos mientras que padres y madres fallecieron sin saber quiénes fueron los responsables por la muerte de sus hijos. Hoy comienza otra etapa. La decisión de la Comisión Interamericana debería comprometer al Estado argentino a hacer todo lo necesario para que no haya otra generación que no sepa quién, cómo y por qué se cometió el peor atentado que sufrimos las y los argentinos.