La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 27.642), conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La norma que obligó a la industria alimenticia a incluir octógonos en los paquetes, para clarificar los excesos de grasa, azúcar y sodio, pretende ser derogada por el Gobierno Nacional y ya fue enviada al Congreso para ser tratada.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, reabrió la discusión sobre el alcance de las regulaciones alimentarias y generó un fuerte rechazo de organizaciones de todo el país.
La norma, sancionada en 2021 y plenamente implementada en los años posteriores, estableció la incorporación de sellos negros de advertencia en los envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
Además, reguló la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, limitó estrategias de marketing para productos con perfiles nutricionales poco saludables y promovió entornos escolares más saludables.
Los argumentos del Gobierno
En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la derogación busca eliminar regulaciones que considera excesivas para la actividad económica y avanzar hacia una armonización de criterios dentro del Mercosur.
Según el texto oficial, la legislación vigente genera “limitaciones regulatorias y económicas” para la industria alimentaria y establece parámetros que difieren de los utilizados por otros países de la región. El Gobierno plantea que una convergencia normativa facilitaría el comercio y reduciría costos para las empresas que operan en distintos mercados sudamericanos.
La iniciativa encontró una rápida respuesta de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades vinculadas a la salud pública, que manifestaron su rechazo a la derogación.
Los sectores críticos sostienen que la ley constituye una herramienta clave para garantizar el derecho de los consumidores a acceder a información clara y comprensible sobre los productos que adquieren. También advierten que su eliminación implicaría dejar sin efecto no solo los sellos de advertencia, sino también las restricciones a la publicidad y las medidas destinadas a proteger a las infancias.
En un comunicado conjunto, las organizaciones afirmaron que la derogación representaría “un grave retroceso en materia de salud pública” y señalaron que no existen evidencias sanitarias que justifiquen eliminar la normativa.
Diversos estudios realizados tras la implementación del etiquetado frontal mostraron una amplia aceptación social de la medida.
Investigaciones impulsadas por el Ministerio de Salud, Unicef y la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) señalaron que nueve de cada diez personas consideran que los sellos permiten identificar de manera rápida los productos menos saludables.
Los mismos relevamientos indicaron que una proporción significativa de consumidores modificó sus decisiones de compra luego de la aparición de los octógonos negros. Los cambios fueron especialmente notorios en categorías como bebidas azucaradas, yogures y galletitas.
Además, los estudios concluyeron que el etiquetado ayudó a corregir percepciones erróneas sobre determinados alimentos que eran considerados saludables pese a presentar altos niveles de nutrientes críticos.
Antes de la sanción de la ley, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019 había mostrado que apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional incluida en el reverso de los envases.
Uno de los puntos centrales de la discusión gira en torno a la armonización con otros países del Mercosur.
Las organizaciones que defienden la ley sostienen que el modelo argentino está basado en el Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado uno de los más exigentes de la región para detectar excesos de nutrientes asociados a enfermedades crónicas.
Según estos sectores, los sistemas utilizados en otros países presentan criterios más flexibles y podrían reducir la cantidad de productos alcanzados por las advertencias.
Por el contrario, quienes respaldan una revisión de la normativa consideran que una convergencia regional podría simplificar los procesos productivos y comerciales para la industria alimentaria.
La decisión final quedará ahora en manos del Congreso de la Nación, donde se prevé un debate que enfrentará distintas visiones sobre el rol del Estado en materia de salud pública, el acceso a la información por parte de los consumidores.
Mientras el Gobierno argumenta que busca reducir trabas regulatorias y unificar criterios con el resto del Mercosur, organizaciones sostienen que la ley ha demostrado ser una herramienta efectiva para promover decisiones de compra más informadas y proteger la salud de la población.
Entre las asociaciones que se oponen a la derogación de la ley se encuentran la Fundación para el Desarrollo de Políticas Públicas (Fundeps) y la Fundación Sanar.D
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