El llamado a licitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) para convertir una bóbeda en un negocio de alimento bajo la modalidad Take a Way, derivó en un incipiente conflicto judicial.

La versión del gobierno porteño se encuentra avalada, en parte, por el documento que figura en esta nota, mediante el cual se notifica a varios familiares acerca de una deuda contraída cercana a los 16 millones de pesos por las reparaciones estructurales urgentes que realizó el GCBA sobre la bóveda familiar.

Además, desde la administración porteña afirmaron que la mujer “no figura como titular en sus registros” y que, por ese motivo, “se va a caer lo que está presentando” y se continuará con la expropiación. También señalaron desde el GCBA que “todo se hizo conforme al expediente judicial”. 

Una integrante de la familia descendiente de los titulares de la cripta Girado y Casagemas denunció que nunca fue notificada de esta licitación y reclama saber qué ocurrió con los restos de sus familiares.

La concesión abarca una superficie cubierta de 24,55 metros cuadrados y fija un canon base mensual de $1.600.000. También obliga al futuro adjudicatario a ceder al menos 20% de los ingresos brutos del servicio de turismo nocturno. La apertura de ofertas fue fijada para el 9 de septiembre de 2026 a las 11, a través de la plataforma Buenos Aires Compras.

El proyecto en el espacio, identificado como sección 17, tablón 201, sepulturas una a 12, dentro del predio sito en Junín 1760 (CABA), no contemplaría un bar tradicional dentro de la necrópolis, sino un expendio de alimentos -bajo modalidad de despacho inmediato o take away- y una tienda de venta de artículos institucionales, previamente aprobada su comercialización por la Dirección General de Cementerios.

El reclamo de la mujer y la respuesta del GCBA

La versión oficial, aportada a Infobae por la Prensa y Comunicación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que hay 30 titulares de la bóveda, correspondientes a distintas familias, y que todos fueron notificados en tiempo y forma después de que durante 20 años nadie pagara el espacio.

Girado, por su parte, sostuvo que durante años intentó regularizar una deuda que la familia mantiene con el Cementerio de la Recoleta -dependiente de la Dirección General de Cementerios-por el cánon de la bóveda.

Y afirmó que no pudo avanzar porque desconoce cuál de sus parientes figura como titular actual en los registros del cementerio. “Cuando empezó a deteriorarse la bóveda, fui varias veces a preguntar y me decían que tenía que ir el titular, que es el que tiene los papeles. Nadie sabe quién los tiene; es una bóveda ancestral y la titularidad va cambiando de persona a persona”, expresó.

La versión del gobierno porteño se encuentra avalada, en parte, por el documento que figura en esta nota, mediante el cual se notifica a varios familiares acerca de una deuda contraída cercana a los 16 millones de pesos por las reparaciones estructurales urgentes que realizó el GCBA sobre la bóveda familiar.

Además, desde la administración porteña afirmaron que la mujer “no figura como titular en sus registros” y que, por ese motivo, “se va a caer lo que está presentando” y se continuará con la expropiación. También señalaron desde el GCBA que “todo se hizo conforme al expediente judicial”.