En la madrugada del 15 de julio de 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina y el sexto en el mundo en reconocer el derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo. Si bien el proyecto de ley final ingresó al recinto en mayo de ese año, desde la década del ‘90 varias organizaciones LGBT venían militando distintos proyectos de unión civil o matrimonio igualitario en el Congreso de la Nación.

En 2002, la Legislatura de Buenos Aires promulgó la unión civil para parejas del mismo sexo, una norma que garantizaba algunos de los derechos del matrimonio excepto el de adopción o herencia. Con esa deuda pendiente, la CHA (Comunidad Homosexual Argentina) insistió ante el Congreso con otra propuesta que los incluyera, en 2005. No prosperó.

Para 2009, las organizaciones de todo el país iniciaron una campaña nacional por el derecho al matrimonio igualitario ante los poderes Legislativo y Judicial: hubo casos con fallos a favor, otros en contra y cientos pedían recursos de amparo para que se declarasen inconstitucionales los artículos del Código Civil que impedían que se casaran. Esta fue la campaña de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. En mayo de 2010, Diputados aprobó una combinación de dos propuestas para modificarlo y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Aquella madrugada en la que promediaba julio de 2010, se sancionó la ley 26.618 que establece en el artículo 2 que “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Fue el resultado de aquellas campañas encabezadas por las organizaciones LGBT que alentaron proyectos de leyes de unión civil, recursos de amparo y fallos judiciales que tenían un deseo simple: que cada persona pudiera casarse con quien amaba.