En mayo pasado, mediante la resolución 395/2019 publicada en el Boletín Oficial, se estableció que en agosto de 2019 empezarían a ser utilizados por los efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para tareas de prevención de delitos en terminales aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.

Se llama AXON, su origen es de Estados Unidos y es la empresa que ganó la licitación.  Vendió finalmente las pistolas taser a la Argentina por un costo aproximado de 5 millones de pesos.  En principio se hará una prueba piloto sólo con 100 armas.  Según la Ministra de Seguridad Patricia Bulrich, serán para utilizar en lugares donde se produzca aglomeramiento de personas como en estaciones ferroviarias, aeropuertos, etc. Por las fuerzas federales.

Estas armas eléctricas tienen un sistema que permite registrar su uso en la nube, o sea que puede hacerse un control de cuando fue utilizada esa arma y de qué manera. Según el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco, esto será de gran utilidad a la hora de controlar de que manera y cómo se utilizan esta armas.

A pesar de las críticas de distintos organismos de derechos humanos que tuvo el gobierno, la decisión es hacer caso omiso y continuar con el protocolo que implementó Patricia Bulrich

Existe un protocolo para su utilización, por ejemplo uno de los criterios, es que deberá ser utilizada por las fuerzas ante un “peligro inminente”.  Este tema va a traer mucha tela para cortar, porque va a ser muy arbitrario y subjetivo, dependiendo del criterio de la persona que en ese momento tenga la taser en su poder. Sólo podrá utilizarse en situaciones extremas y límites, en dónde la persona que la porta sienta que es una situación de riesgo y en donde sienta que corre riesgo su vida.

Durante su gestión como jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, tenía la idea de comprar estas armas eléctricas.  Ya por el 2010 había causado la reacción de distintos Organismos de Derechos Humanos.